ELECCIONES
ANDALUZAS 2015 Y LA NUEVA ETAPA POLÍTICA
ESPAÑOLA.
Efectivamente, en el sombrío panorama político español
actual se advierte que a un elevado número de ciudadanos de este País le
produce desazón e inquietud observar la manifiesta reticencia de muchos
políticos a la hora de admitir que los antagonismos ideológicos y programáticos
al igual que la alternancia política, en democracia, definen y determinan la
normalidad del funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de
Derecho.
De modo que no superar y asumir, y aún obstaculizar,
que se puedan hacer realidad tales posibilidades en la práctica
político/democrática está conduciendo a que se mantengan discursos
radicales, así como a defender actitudes y conductas de signo dogmático y
totalitario, o, cuando menos, de evidentes tonos autárquicos o/y autoritarios.
Valga como paradigmático de lo anteriormente expresado por
quien les habla escribiendo, el bloqueo que, recientemente, se le hizo a un
partido político en la sede de la soberanía popular española, el Congreso de
los Diputados, asestándosele, con tal decisión, un duro golpe a nuestro
parlamentarismo democrático, al tiempo que se le negó a muchos ciudadanos
el legal y legítimo derecho a expresar las oportunas opiniones a través
de sus representantes, los diputados.
Tampoco se requieren profusos y especiales estudios
estadísticos para percatarse de que una parte considerable de los políticos
españoles toman a chunga el noble oficio de la política, encomendado por los
ciudadanos electores, olvidándose de que este hábito político de chunguearse
del pueblo soberano, de manera desmedida y con total descaro, es no sólo
incorrecta y antidemocrática, sino denigrante y detestable desde el punto de
vista de la ética política.
Pero, y sobre todo, porque mucha gente siente que sus
representantes le toman el pelo mediante la utilización de tácticas engañosas y
estrategias trileristas, encaminadas a manipular y tergiversar, por espurios
intereses, las intenciones, deseos y voluntades de los principales actores de
la democracia, que son, precisamente, los ciudadanos.
Desde una parte importante de la sociedad española y
también europea, se contempla con estupefacción el bochornoso espectáculo que,
con harta frecuencia, ofrece la clase política por una serie de comportamientos
antidemocráticos, así como por la aludida incapacidad de superación de los
normales, lógicos y legítimos antagonismos y el intento sistemático de limitar
o cercenar el derecho constitucional a la alternancia democrática.
Lo apuntado anteriormente, nos tiene que llevar a
establecer las pertinentes diferencias entre comportamientos democráticos y
totalitarios. Porque, en ocasiones, escuchando a algunos políticos, se tiene la
impresión de que éstos confunden los planos y también de que interpretan o
entienden el poder recibido, como si de un cheque en blanco se tratara, para
hacer y deshacer a su antojo lo que parezca y resulte más favorable y propicio
para los intereses personales y partidistas.
Conviene, pues, recordar que las notas esenciales de
una democracia avanzada son: la tolerancia; una permanente actitud de
diálogo; el respeto a la diversidad ideológico/política y el escrupuloso
cumplimiento del ordenamiento jurídico que conforma nuestro Estado de Derecho.
De suerte que si los ciudadanos, como es el caso, no perciben que estos
elementos distinguen y caracterizan claramente a sus políticos en el ejercicio
de la actividad pública, es que detectan, con su natural saber y entender, que
nuestro sistema social y político padece un inquietante proceso de
debilitamiento en sus contenidos y formalidades, razón por la que los
depositarios de la soberanía popular necesitan someterse a un urgente
proceso de reciclaje regeneracionista en materia democrática.
Fortalecer y consolidar plenamente este complejo y
delicado régimen de derechos y libertades, es tarea ardua y difícil en la que
debe implicarse y comprometerse la sociedad en general, desde la cohesión civil
y la solidaridad ciudadana, entendiendo que la colaboración de todos resulta
enteramente necesaria para la felicidad colectiva y que la comunidad de
ciudadanos quedará bien regida cuando todo el mundo ocupe su puesto
natural y realice sus funciones propias.
Pero en una democracia representativa y de
participación indirecta- directa sólo en contadas ocasiones- la interacción de
las distintas acciones será real y efectiva si se evitan injerencias, se delimitan
campos y si cada uno de los miembros de la sociedad desempeña el papel o
función que le corresponde.
No deshacer equívocos, o mantenerlos intencionadamente,
y generar confusiones no es más que una calculada estratagema para diluir, y
hasta eludir, responsabilidades. De ahí la importancia de determinar, en el
campo de la actividad política, competencias y cometidos para impedir no sólo
la desvalorización y degeneración de la democracia sino contribuir a
revitalizarla y a conservar vivos, íntegros y operantes sus inestimables
valores.
En consonancia, con la línea de esta reflexión y
análisis político, estimo que al avispado lector no se le deben ocultar unos
cuantos apuntes sobre la actitud conductual de algunos políticos, por ejemplo,
el embeleco al que recurren pensando que el pueblo no se entera de sus
artimañas; las formas soberbias y chulescas con que “farruquean”, fuera y
dentro de los parlamentos, que más parecen propias de ambientes tabernarios que
de “sacrosantos” espacios democráticos donde se deben propugnar y defender los
valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político,
proclamados por nuestro ordenamiento jurídico.
Asimismo, que el bajo perfil cultural e intelectual de
la clase política española, sólo un 20% tiene preparación académica superior,
explica su condición de mediocres y, por ello, el que se expresen de modo
laberíntico, perifrástico y rebuscado para impactar a los “fieles”, sin caer en
la cuenta de que cuando ellos van, ya éstos vienen de vuelta.
Y a lo anterior, aún se puede añadir que en la esfera
política se cometen delitos tipificados sin que los líderes de los partidos
políticos se pongan de acuerdo para poner en marcha mecanismos correctores y
depuradores del sistema democrático, excluyendo de él a quienes integran la
lista de corruptos, por ejemplo, a: cleptómanos y chupópteros; chanchulleros y
tramposos; chantajistas y farsantes, así como para erradicar clientelismos y
nepotismos; amiguismos y arribismos, y demás indecencias socio/políticas que
pueden resquebrajar de medio a medio nuestro régimen
político, si no se buscan soluciones a tiempo.
Mientras tanto, los lectores pueden intentar atenuar el
efecto de las aparentes exageraciones con la noticia de que al expresidente de
Cataluña le seguiremos pagando un sueldo, de nada: total, unos 125.000
euros/año. Otros, por el contrario, hacen ímprobos esfuerzos por llegar a fin
de mes. Y algunas instituciones escatiman medios económicos para proteger a las
víctimas de los 170.000 ciudadanos españoles que están registrados como
maltratadores.
Este comentarista, presenta a los lectores algunas
afirmaciones para que puedan ser sometidas al tamiz de su agudo sentido
crítico, a la vez que útiles para iluminar las sombras de duda que puedan tener
no pocos electores sobre determinados elegidos para poder rectificar el sentido
de su voto en el momento permitido por nuestro sistema electoral y para que,
especialmente los lectores que se asomen a
los medios de comunicación
electrónicos gallegos, puedan valorar, en clave de ciudadanos libres,
las propuestas y ofertas presentadas por los diferentes partidos políticos.
Primera y segunda
afirmación.- Que los políticos han de comprender y asumir, de una vez por
todas, que la soberanía radica en el pueblo y que un verdadero gestor es aquel
que trata de engrandecer su ciudad sin buscar riquezas ni poder, sino
procurando, ante todo, que los ciudadanos convivan mejor y gocen de unas
estructuras individuales, familiares y sociales que le reporten paz, libertad,
bienestar y espíritu crítico de la vida.
Tercera y cuarta
aseveración.- Que el poder que ostentan los políticos se lo otorga
el pueblo en procesos electorales públicos y libres, de modo que estos
representantes de la ciudadanía vienen a ser como empleados suyos y, por
consiguiente, servidores, y ello, en virtud de un contrato socio/político de
carácter temporal y sometido a la cláusula resolutoria de la indignidad de sus
comportamientos en el desempeño del correspondiente cargo público y que el
pueblo soberano delega su poder democrático, de conformidad con unos programas
que presentan los partidos políticos y con el variado perfil de los
candidatos.
Y a modo de conclusión, el autor de este comentario
manifiesta también su confianza en la capacidad autoregeneradora y de
autorregulación de personas e instituciones, a fin de que la afirmación que
hizo, hace aproximadamente ocho años, el entonces alcalde de Jerez, Pedro
Pacheco: “la justicia es un cachondeo”, en modo alguno, se pueda aplicar al
campo de la política actual. Igualmente, y a tales efectos, entiendo que la
política la deben hacer con toda honestidad los políticos, y no los medios de
comunicación.
Por lo demás, sería deseable que, en este País, los
representantes del pueblo cumpliesen con lealtad y fidelidad constitucionales
los dichos populares de: menos “farruqueo” y más trabajo por el bien común y
los intereses de la ciudadanía, que para eso se le paga el sueldo, y también el
de: menos “predicaciones” estériles y más trigo en términos de cumplimiento de
sus obligaciones.
Antonio José Parafita Fraga, es escritor y
comentarista de temas sociales y políticos. Del Blog VERBO SUELTO, enlace verbosuelto.blogspot.com
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