CORRUPCIÓN Y DESCRÉDITO POLÍTICO Y SINDICAL EN ESPAÑA.

Del blog VERBO SUELTO, de Antonio José Parafita Fraga.

A través de los diferentes medios de comunicación, se percibe como una realidad palmaria que la política y el sindicalismo en España no gozan, en los momentos actuales, de la  simpatía ni de la aceptación de una considerable parte de la sociedad, puesto que cada vez ésta muestra con menos ambigüedad, mayor convencimiento y más acentuada radicalidad el escepticismo y la desconfianza hacia los partidos políticos, pero también hacia las organizaciones sindicales. Ahora bien, partiendo del principio de que las generalizaciones son siempre injustas, es lógico y natural pensar que, en uno y otro ámbito de actuación de estos entes sociales, existen honrosas excepciones en cuanto al correcto, y puede que incluso encomiable, modo de ejercer tanto sus funciones públicas y democráticas como de representar y defender al ciudadano elector y contribuyente. Es verdad, y rigurosamente cierto, que la crisis, en la que ha estado sumida la sociedad española desde aproximadamente el año 2007, no fue sólo económica sino también de pérdida de valores y de abandono de los elementales principios democráticos. Asimismo, los sentimientos básicos de la ciudadanía fueron intencionadamente subvertidos o alterados para facilitar la creación y posteriormente la imposición de nuevos modelos o patrones de convivencia. 

Pero, a la luz de la interpretación en sentido metafórico de la sentencia “por la boca muere el pez”, y , como diría el académico Julián Marías,“por la palabra- y sus acciones- muere el hombre”, se puede deducir que la caída en picado del crédito y la credibilidad social, así como también la autoridad moral de los políticos y de los sindicatos en este país, tuvo, y sigue teniendo, causa y origen en deméritos propios, motivados por los perversos comportamientos, públicos y privados, que, por lo demás, merecieron la censura y reprobación de la misma sociedad, y en especial está siendo el poder judicial el que desaprueba las prácticas éticamente indecorosas y supuestamente delictivas de destacados miembros de algunas organizaciones sociales y de otras tantas instituciones del Estado. La relación causa-efecto entre la pérdida de credibilidad de las formaciones político/sindicales y sus deshonrosas conductas, se ha convertido en una obvia e incontrovertible evidencia. No en vano, en un informe que elabora cada año la organización Transparencia Internacional, se afirma que España es el segundo país donde más aumenta la percepción de corrupción. El desmoronamiento y el derrumbe de las estructuras democráticas, alcanzaron tal magnitud y proporción, que cabe preguntarse si no estaremos asistiendo al final del ciclo político de un régimen agotado y en estado agónico.


Es apropiado, y aún oportuno, poner de manifiesto que las causas del generalizado reproche popular, fueron entonces, y siguen siendo en la actualidad, las muchas tropelías cometidas por representantes de partidos políticos y de organizaciones sindicales y las desmedidas ambiciones de poder político, social y económico, cuyo punto álgido fueron las tristemente famosas tramas de corrupción, perfectamente organizadas desde las anuencias, complicidades y cobertura del poder de unos y otros, y que dieron pie a que determinados jueces pusieran en marcha un elevado número de operaciones de investigación sobre casos de supuestas corrupciones, cuyos nombres, conocidos por su publicación en los medios de comunicación, sacuden diariamente la conciencia cívico/social y moral de la población española, sin que, por parte de los supuestos corruptos y corruptores de este país, se haya mostrado o se esté mostrando, al menos de momento, el más mínimo sonrojo y arrepentimiento por las innumerables indignidades y felonías señaladas por los medios de comunicación y también a través de múltiples resoluciones y distintos autos de los jueces dictados a lo largo y ancho del mapa judicial español, como cometidas por no pocos representantes  de  partidos políticos y de organizaciones sindicales. Y mientras tanto esto ocurre, la sociedad está horrorizada y estremecida. Tanta, y tan generalizada, es la corrupción, que los jueces se están viendo obligados a pedir refuerzos por sentirse desbordados y hasta superados por los casos presentados en los distintos juzgados.    

Con relación a esta particular cuestión del desprestigio político y sindical en este país, procede advertir que nadie debiera de rasgarse las vestiduras, dado que el espectacular hundimiento de los denominados entes sociales, no sobrevino de golpe y por sorpresa sino como consecuencia de los innumerables excesos en el ejercicio del poder político y/o sindical y de las bochornosas y sistemáticas acciones corruptas, llevadas a cabo por una parte de la instalada casta política y por algunas de las trasnochadas y caducas organizaciones sindicales, renuentes a llevar a cabo su particular transición hacia nuevas y diferentes formas de ejercer el sindicalismo.  En síntesis y definitiva, que el alejamiento fue debido a los actos, supuestamente delictivos, protagonizados por aquellos a quienes justamente el pueblo había elegido y otorgado la confianza para que defendieran el bien individual y social, y preservasen las esencias del Estado del bienestar, pero en modo alguno para que las demoliesen.

Al respecto, es constatable que la onda expansiva del potente grito popular, clamando por esa necesaria transición hacia nuevos de modos de practicar la política y el sindicalismo con total transparencia, no llegó a los partidos políticos ni a las formaciones sindicales, entrando éstos en una suerte de cerrazón mental e intelectual que les impidió recibir el estímulo suficiente para poner en marcha los mecanismos adecuados, orientados a lograr la tan cacareada regeneración democrática. Pero es que, ni tan siquiera, han prestado la más elemental y democrática atención al clamor de un pueblo agobiado, que lo único que realmente quiere es plantear ante las mencionadas organizaciones ese necesario y categórico imperativo regeneracionista. Esta actitud, claramente prepotente, arrogante y soberbia, de los representantes públicos, políticos y sindicales, propició el considerable grado de deterioro que se produjo en los diversos sistemas de nuestra democracia, precisamente como consecuencia de la destructiva acción de los corruptos y corruptores, que crecieron como hongos y proliferaron plácidamente a la diestra y siniestra del poder de turno, del que recibieron cobijo y amparo de manera muy generosa.

De no haberse comportado de manera tan despótica los partidos políticos y las formaciones sindicales de este país, hubiese sido, en todo caso, bastante más lento el proceso de descomposición de las estructuras e instrumentos básicos de la convivencia democrática, o, sencillamente, se hubiese evitado tal situación y  también el consiguiente daño causado a la vida del paciente ciudadano. Pero, lo triste y lamentable es poder constatar fehacientemente que la sociedad española quedó no sólo hipotecada por años sin término o tiempo indefinido, y lo que es peor todavía, arruinada hasta la mendicidad, por culpa de los despilfarros, latrocinios, saqueos, apropiaciones indebidas y uso incorrecto de fondos públicos, así como por los enriquecimientos de unos pocos a costa del empobrecimiento de otros muchos, con el agravante de que  estos últimos ciudadanos esquilmados ya pertenecían a una clase social media baja. Por lo que la indecencia conductual de los primeros se hace merecedora del más absoluto rechazo social.

Lo que precede, equivale a elevar a categoría de verdad incontrovertible el espeluznante aserto de que en la última década en España, se posibilitó el que toda la riqueza se acumulara en tan sólo unos pocos, motivo por el que, al desaparecer la clase media, el resto de la población quedó reducida a los espacios de  umbrales de pobreza y miseria, y a las sombrías zonas de la indecencia cívico/social y moral. Toda esta fenomenología de la corrupción en la mayoría de las instituciones del Estado, dio paso a la formación de un más que censurable biculturalismo social, político y sindical, por la primacía de un deliberado bipartidismo y de un bisindicalismo de claro signo excluyente, en detrimento de la necesaria y positiva diversidad, así como de la existencia de unas formas plurales de expresión, indispensables en una sociedad que se precie de ser abierta, democrática y libre, como teóricamente es la nuestra. De este modo, se ha conformado una sociedad integrada por muchos pobres, que cada vez son más pobres, y pocos ricos, que cada vez son más ricos. Y así, se ha acentuado hasta límites execrables la ominosa desigualdad y la nefasta fractura social en España.

Y todavía más sorprendente, fue el hecho de que la inmensa mayoría de las personas oyeron, pero  no escucharon  el ensordecedor ruido producido por las alarmas activadas por el agrietamiento de las estructuras fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Tampoco se tomaron en serio las señales de alerta emitidas por las chirriantes grietas aparecidas en casi todas las instituciones sociales y políticas del Estado. Por lo que es obvio afirmar que la pasividad e indiferencia cívicas, tuvieron no sólo un efecto pernicioso sino que propiciaron el progresivo avance de las corruptelas de tantos desaprensivos y oportunistas, como hubo en todos los ámbitos de la vida, pública y privada, de la sociedad española. Huelga significar que, a la vez, y paradójicamente, la desconfianza se fue afianzando en las mentes de muchos conciudadanos, actitud que coadyuvó al surgimiento de un perfil de conducta cívico/social de naturaleza pasota, auténticamente nefasta. El pasotismo, ha emergido como un nuevo movimiento dentro del actual contexto político y social, cuya nota dominante y característica distintiva fue la ausencia de compromiso sociopolítico y la falta  de implicación cívica.

Asimismo, y mientras tanto, la hediondez, por la podredumbre de los sistemas sociales y políticos, terminó por atrofiar la capacidad perceptiva y motivadora de una sociedad, la española, atormentada y sin resuello para reaccionar de manera efectiva y contundente ante tales despropósitos, coincidiendo, por otra parte, en que estaba huérfana de líderes políticos y sindicales, que fueran capaces de impulsar una imprescindible reparación de los daños causados y abanderar el necesario cambio hacia nuevas y diferentes maneras de prestar los servicios públicos a la ciudadanía. Esa falta de líderes políticos y sindicales y la mediocridad de los actuales responsables públicos, favorecieron la aparición en España de un inmovilismo social y político, tan negativo como perjudicial. De igual modo, propiciaron que estos dirigentes se estancaran en esquemas mentales y categorías conductuales del pasado, impidiendo o limitando la puesta en marcha de una profunda y urgente regeneración ética de la actividad política y sindical. Hasta el momento, los dirigentes de los llamados entes políticos, sociales y empresariales, que no líderes, se dedicaron a parapetarse en las prebendas y los privilegios que recibían con asiduidad del propio Estado, al que, por otra parte, estaban denostando con sus supuestos ilícitos civiles y penales, y del que se retroalimentaban, trincando casi siempre de manera impune.

Sobre este singular tema, se hace notar que los requisitos básicos, para poder singularizar y definir con toda propiedad a un personaje como auténtico líder, se pueden concretar, según el autor de este trabajo, en los siguientes: indiscutida y significada autoridad moral; fuertes convicciones ideológicas; firmeza y coherencia a la hora de defender sus ideas o ideales; lealtad y fidelidad a los principios inspirados en la ideología profesada; criterios propios; recia personalidad en la doble dimensión de los componentes esenciales de la misma: fuerte carácter y temperamento enérgico; acérrimo defensor de la libertad, el diálogo, la tolerancia y la transparencia como pilares fundamentales de la democracia; inusitada capacidad de comunicación y también una probada y reconocida superioridad moral sobre sus seguidores. Los elementos mencionados, constituirían las bases de la estructura sociológica de la figura del verdadero líder. No obstante, se matiza que no siempre, ni necesariamente, la condición de líder, lleva aparejada la de estadista. Y de hecho, de los personajes calificados más adelante como adalides políticos y/o sociales, probablemente no más de tres hayan alcanzado el reconocimiento público de estadistas.

Por lo demás, es evidente que nadie sigue a un líder que se muestre débil física, síquica y/o emocionalmente, así como tampoco ninguna persona sensata se entusiasma con las ideas y proyectos de quien tenga una baja autoestima de sí mismo y una manifiesta falta de autocontrol ante situaciones complejas. Es indiscutible, que no resulta ser paradigma de este modelo de personaje quien muestre una escasa convicción ideológica en la presentación de sus propuestas. El ser humano, tiende por naturaleza a ir detrás del más fuerte del grupo y de aquel que tenga crédito y ofrezca credibilidad. El verdadero líder puede serlo, al margen de las consideraciones que se puedan hacer con respecto a sus conductas públicas y privadas y de la crítica que se quiera realizar sobre su ideología. Líder político y sindical, en todo caso, es aquel personaje que no precisa del aparato orgánico ni de la logística organizativa de la respectiva formación política y/o sindical para imponerse en una contienda electoral. Estos excepcionales individuos, han nacido ya con unas cualidades innatas para serlo, pero que luego desarrollaron, en mayor o menor medida, en función de cuál haya sido la forja de sus propias vidas en los ámbitos personales, intelectuales, sociales y políticos.

De conformidad con las cualidades reseñadas como exigencias para poder ostentar la condición de líder, y según las estimaciones de este analista, se podría inferir que en la España democrática han sido contados los verdaderos líderes políticos y sindicales, reconocidos como tales por el pueblo. Pero, si además de lo apuntado más arriba, tenemos en cuenta que el personaje en cuestión ha de gozar de una carismática facilidad para seducir, encantar, atraer, aglutinar y dirigir a sus partidarios, sin necesidad de los ostentosos montajes ni de las potentes estructuras y maquinarias propagandísticas de los partidos políticos y/o sindicales, nos encontramos con que, en consonancia con los atributos señalados anteriormente como rasgos esenciales de la identificación de los mismos, fueron realmente líderes por derecho propio, y no sólo simples dirigentes: Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Fraga Iribarne, José Mª Aznar, Esperanza Aguirre, y los míticos e históricos sindicalistas Nicolás Redondo y Marcelino Camacho.

Los restantes personajes de la vida pública, que estuvieron en el pasado y están actualmente en activo y/o al frente de organizaciones políticas o de formaciones sindicales, fueron y son, simple y llanamente, dirigentes o responsables de las mismas, aunque ostenten la condición democrática de electos. No obstante, para el autor de este análisis, Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia, no dista mucho de alcanzar los indicados requisitos y parámetros que permitirían conceptuarle también como un líder político, de perfil similar a los mencionados en el apartado anterior. En las periferias del bipartidismo político y del llamado, por algunos medios de comunicación, “sindicalismo de clase y de partido”, ninguno reúne las suficientes condiciones para poder otorgarle con rigor la categoría de líder político o sindical, aunque, a pesar de su radicalidad ideológica, José Manuel Beiras, podría estar cerca de merecer tal consideración, pero sólo en el ámbito de la Comunidad Autónoma gallega. A propósito de los liderazgos de diversa índole, quien se está consolidando como un líder mundial indiscutible, es el Papa Francisco, recientemente nombrado como personaje mundial del año.

Conviene reparar en que existen en el campo político y sindical, unos efímeros y perniciosos personajillos, cuyos modos de actuación estuvieron y aún siguen estando presentes en la vida pública, política o sindical, durante un período largo de tiempo, que deben de ser proscritos y eliminados sin contemplaciones de ningún tipo. Es necesario que la ciudadanía reconozca y sitúe debidamente a estos especímenes, por lo que el comentarista los describe y agrupa de una manera un tanto jocosa y casi sainetesca, como sigue: El titeriterismo y los titeriteros, que pululan por la vida social y pública; el trilerismo y los trileros, maestros del timo, el engaño y la estafa, como medio para alcanzar lucrativos objetivos; el histrionismo y la indescriptible legión de individuos que se comportan de modo histriónico en la esfera política y sindical para significarse. Todos ellos, deben de recibir la contundente respuesta de una inmediata erradicación de la faz de la vida pública. La urgencia de acrecentar y preservar la credibilidad de las instituciones democráticas, aconsejan controlar su entrada al ejercicio de la política y del sindicalismo, para que no sigan colándose fácilmente por sus puertas estos oportunistas psicofantes, que no abrigan otra pretensión que la de hacer “carrera” por esta vía, anteponiendo tal objetivo al noble interés de prestar un servicio a la sociedad. 

Es de resaltar, de igual modo, que a la terminación de la etapa histórica franquista, el pueblo español ha contribuido de manera decidida a que se llevase a cabo en España una ejemplar transición política, pero, en esta sociedad decaída y agotada, después de más de tres décadas cubierta por el manto de la democracia y de una Constitución garantista, de 1978, surgen voces que estiman necesario y urgente realizar otra transición, la de la regeneración política e institucional, siguiendo el camino de la profundización en el actual sistema democrático y mediante el cambio de algunas leyes, tales, como la de financiación de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, así como aprobar una ley electoral. De no hacerlo así, es más que probable que el deterioro de las instituciones y la descomposición de todo el sistema político y administrativo del Estado español, llegue a extremos peligrosos de irreversibilidad.

Como síntesis de lo dicho en esta publicación, se puede concluir que la corrupción fue el principal factor del descrédito político y sindical en la España democrática. Y, en parecido orden de cosas, que también se debe de atribuir a las conductas y prácticas corruptas la pérdida de apoyos electorales de los dos grandes partidos políticos y de los dos sindicatos de clase, por lo que no es admisible, razonable ni justo que la hecatombe electoral señalada por las encuestas, se quiera relacionar con cuestiones de otra naturaleza, como, por ejemplo, con el mantenimiento de los Acuerdos suscritos  en su día entre el Estado Español y la Santa Sede. Ni tampoco se ajusta a verdad que la remontada en la intención de voto, se vaya a conseguir denunciando o revisando dichos Acuerdos, tal y como acaba de hacer el partido socialista obrero español, con la presentación de una proposición no de ley, PNL, en el Congreso de los Diputados, sin duda para neutralizar y frenar el ascenso o avance de Izquierda Unida y de la Izquierda Plural, de la otra izquierda con respecto a la que representa ideológicamente el PSOE. ¡Vaya falacia político/electoral!; y asimismo, ¡vaya demostración más absurda y extemporánea de un laicismo de signo anticlerical, similar al de la II República, exhibida por el partido socialista de España!.

Y, sobre todo, ¡vaya desconocimiento del Derecho Internacional!, al menos en lo concerniente a que, en los Tratados Internacionales, no suele contemplarse la fórmula de la denuncia o repudio unilateral, salvo que tal posibilidad de ruptura de Pactos o Acuerdos por decisión de una sola de las partes firmantes, se haya estipulado en alguna de sus cláusulas. En el caso de los Acuerdos firmados entre el Estado Español y la Santa Sede, del año 1979, no está correctamente indicada la vía de la denuncia unilateral de los mismos, pretendida, propugnada y presentada por el principal partido de la oposición en España, el PSOE, ni tampoco es válido el recurrente y sesgado argumento, centrado en que estos Acuerdos Internacionales son preconstitucionales o inconstitucionales. 

Por lo tanto, para modificar o cambiar estos Acuerdos, en parte o en su totalidad, tendrían que negociar y ponerse de acuerdo las dos partes- los dos Estados- que los suscribieron en su momento: el Estado Español y la Santa Sede-Vaticano. Se trataría, en ese caso, de una negociación y acuerdo del Estado español y no del Gobierno de España, aunque éste pudiese hacerlo en nombre y representación del primero. Si se diese esta  circunstancia, habría que tener en cuenta que los referidos Acuerdos fueron firmados y/o ratificados entre dos Estados soberanos, adquiriendo por tal motivo el carácter y rango de Tratado Internacional, de modo que tanto en su ratificación inicial como en la firma de una supuesta revisión para modificar aspectos de los mismos, sería necesaria la intervención de un representante por cada una de las partes, tras haber recibido, del respectivo Estado, la correspondiente e indispensable acreditación. Para que los avezados lectores puedan satisfacer su curiosidad, se señala que ambos representantes actúan como plenipotenciarios en el protocolario acto de la ratificación. Y a modo de colofón de este trabajo, su autor hace especial hincapié en la perentoria necesidad de revalorizar la política y el sindicalismo en este país.
  

Del blog VERBO SUELTO, de Antonio José Parafita Fraga, escritor  y comentarista de temas sociales y políticos, como columnista en el diario Periodista Digital. Blog: verbosuelto.blogspot.com

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